En este artículo, Eduardo C. Guglielmini, abogado especialista en derecho de la energía, realiza un resumen de los antecedentes de la situación actual de ajuste tarifario en Argentina.

En tiempos actuales, en nuestro país está experimentando un cierto nivel de ruido y turbulencia respecto de la cuestión tarifaria del servicio de electricidad. Por este motivo, sería bueno puntualizar someramente como llegamos a esto y las normas más relevantes en las cuales estas cuestiones se han ido dirimiendo. Primeramente es importante aclarar que corresponde al Estado Nacional la función última de velar por el buen funcionamiento de los servicios públicos, como asimismo de los mercados ligados al mismo.

En este sentido mediante el Decreto Nº 13 de fecha 10 de diciembre de 2015 se creó el MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINERÍA con el objetivo de priorizar y jerarquizar la planificación, el desarrollo e implementación de las políticas energéticas y mineras.

A través del mencionado Decreto, el Ministerio mencionado absorbió las funciones de la ex SECRETARÍA DE ENERGÍA del ex MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS y de sus organismos descentralizados y desconcentrados.

Antecedentes

En el contexto de la salida de la convertibilidad producida a principios del presente siglo, la Ley 25561 sancionada el 6 de enero de 2002 declaró el estado de emergencia pública en materia social, económica, administrativa, financiera y cambiaria, derogó el régimen de convertibilidad del peso establecido por la Ley N° 23.928 y delegó facultades al PODER EJECUTIVO NACIONAL (PEN) para establecer el sistema de cambio entre el peso y las divisas extranjeras y dictar regulaciones cambiarias, y lo autorizó a renegociar los contratos de obras y servicios públicos concesionados, en crisis por la salida de la convertibilidad, en razón de que los precios y tarifas habían sido convenidos oportunamente en divisa extranjera.

En virtud de la mencionada Ley, se estableció la pesificación de todas las variables económicas estipuladas en el mercado. Se produjo entonces una desadaptación del Mercado Eléctrico, y por tal motivo se estimó entonces la necesidad de adecuar al nuevo contexto económico las normas dictadas por la entonces ex SECRETARÍA DE ENERGÍA en el marco de los Artículos 35 y 36 de la Ley N° 24065 de Distribución, Transporte y Generación de Energía Eléctrica.

El Poder Ejecutivo Nacional (PEN) comenzó a instrumentar una política consistente en complementar los aumentos de precios estacionales del Mercado Eléctrico Mayorista (MEM) que debían ser trasladados a usuarios finales, mediante aportes del Tesoro Nacional con el objetivo de proteger el poder adquisitivo de los usuarios finales y de también poder afrontar el total de las acreencias de los agentes del MEM.

Con el suceder de los años y hasta la actualidad, se han producido incrementos en los costos de la generación eléctrica que no se fueron trasladando a la tarifa que abonan los usuarios finales. Mientras los efectivos costos de generación, transporte y distribución han ido en aumento, los mismos no se fueron trasladando al valor de la tarifa final. La diferencia generada entre los efectivos costos y los valores reconocidos en tarifas fueron compensados con aportes del Estado Nacional, lo cual no solamente pone en riesgo los sus propios recursos financieros, sino que también coloca en riesgo la sustentabilidad del propio sistema eléctrico. Este esfuerzo realizado por el PEN – y que aún se sigue realizando en menor proporción- no es sostenible ilimitadamente en el tiempo.

Por otra parte, estas medidas no dieron señales económicas suficientes para hacer que los actores privados realicen las inversiones que se requieren en el Sistema para permitir el crecimiento necesario de la oferta de energía eléctrica y así abastecer el crecimiento de la demanda de dicho servicio. Por este motivo, se tornó cada vez más necesario dar los pasos en sentido de disminuir los subsidios y que cada uno de los usuarios comience afrontar los precios que reflejen los costos crecientes de esta nueva realidad y tomen conciencia del cuidado del uso de la energía eléctrica, evitando el despilfarro de la misma.

Emergencia

La emergencia se constituye tras la declaración de tal situación por parte de las autoridades en uso de sus facultades, al advertir que una situación originada en cuestiones físicas, económicas o sociales requiere de medidas anómalas para ser resuelta.

La declaración de emergencia “significa la instauración de un sistema en el que el Estado ejerce con mayor intensidad el poder de policía, llevando a cabo intervenciones reglamentarias y administrativas con la finalidad de afrontar y superar situaciones que afectan con gravedad los intereses de la comunidad”.1

Es importante destacar que la declaración de emergencia, debe desenvolverse dentro del Estado de Derecho, reconociendo como límites a su ejercicio las garantías constitucionales de propiedad y libertad, la división de poderes y el principio de razonabilidad y de proporcionalidad.

En este contexto, el Decreto N° 134 de fecha 16 de diciembre de 2016 declaró la emergencia del Sector Eléctrico Nacional hasta el 31 de diciembre de 2017, instruyendo al MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINERÍA a elaborar un programa de acciones necesarias e implementarlo, en relación a los segmentos de generación, transporte y distribución de energía eléctrica con el fin de adecuar la calidad y seguridad del suministro eléctrico y garantizar la prestación de los servicios de electricidad en condiciones técnicas y económicamente adecuadas.

Resoluciones MEyM N° 6 y 7 de 2016

Es este el marco en el cual, el Ministerio de Energía y Minería emitió las Resoluciones N° 6 y 7 del corriente año. Mediante la primera, se aprobó la reprogramación trimestral de verano Febrero/Abril 2016, y se fijó los precios de referencia estacionales los que deben reflejarse en los cuadros tarifarios de las Distribuidoras. A su vez, se estableció un esquema de incentivo al ahorro al segmento residencial de la demanda, sancionando menores precios si el usuario disminuye su consumo respecto del mismo período del año anterior.

Mediante la segunda, se instruyó al ENRE a efectuar, a cuenta de la Revisión Tarifaria Integral (RTI), un ajuste del Valor Agregado de Distribución (VAD) en los cuadros tarifarios de EDENOR S.A. y EDESUR S.A., aplicando las disposiciones contenidas en el Revisión Tarifaria Transitoria (RTT), establecido en el Numeral 4.2 y siguientes de la Cláusula Cuarta de las Actas Acuerdo, y en cumplimiento de lo dispuesto en la Cláusula Décimo Cuarta y Décimo Quinta de las Actas mencionadas, con el objeto de que ambas distribuidoras lleven a cabo las inversiones necesarias para una mejora en la calidad del servicio público a su cargo.

Asimismo, se instruyó a aplicar una Tarifa Social al universo de usuarios de EDENOR S.A. y EDESUR S.A. que resulten de la aplicación de los criterios definidos por el Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales dependiente de la Presidencia de la Nación. Los criterios para la determinación de la misma, fueron definidos en el Anexo I de la referida Resolución.

Resolución ENRE N° 1/2016

Finalmente, mediante Resolución ENRE Nº 1 de fecha 29 de enero de 2016 se aprobaron los nuevos Cuadros Tarifarios para las Distribuidoras de jurisdicción federal, los cuales comenzaron a regir a partir del 1 de febrero de 2016, y con una quita de subsidios por parte del Estado Nacional.

Conclusión

Es importante recalcar que las tarifas que están autorizados a cobrar los concesionarios del servicio público de distribución de energía eléctrica, no pueden ser algo inmutable a lo largo de toda la vida del contrato entre el Poder Concedente y los Concesionarios, y es el propio marco regulatorio eléctrico establece los mecanismos a instrumentarse para llevar a cabo las modificaciones tarifarias que correspondan (art. 45 y 46 Ley 24.065).

Como hemos visto, desde el año 2002 el país se encuentra en “emergencia económica” y desafortunadamente no sería sostenible ni razonable manifestar que las distribuidoras deben continuar con el mismo nivel tarifario.

Las normas descriptas fueron dictadas en el marco de una declaración de emergencia eléctrica, a los fines de comenzar la reestructuración del sector, sincerando los precios del mercado de la electricidad y mejorando la calidad del servicio.

 

Por Eduardo C. Guglielmini, Abogado especialista en derecho de la energía

Nota: Se agradece la colaboración de la Dra. Fabiola Dadamia en la elaboración de este artículo.

 

Referencias

1 POZO GOWLAND, Héctor M. “Las tarifas en el transporte y la Distribución de Energía Eléctrica”, en Revista Argentina de Derecho de la Energía, Hidrocarburos y Minería Nº 4, febrero-abril de 2015, pág. 76

Imagen tomada de http://media.radiocut.com.ar/cuts_logos/ce/3a/ce3ae6b5-081f-4277-a541-0166a0695d13.jpg

 

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    1 Respuesta

  1. Ignacio Costa says:

    Eduardo, excelente artículo. Quería consultar tu opinión respecto a lo que ha hecho público el Senador Solanas, denunciando que la Argentina pasará a tener los costos más altos de energía entre los países vecinos. Qué tan real es esto según tu opinión?

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